Pobladores del puerto de Sisal continúan con la deforestación de una duna costera en la calle 21 poniente. La zona afectada se ubica entre el Centro de Salud y el muelle.
La actividad se realiza con el objetivo de obtener títulos de propiedad por parte del Ayuntamiento de Hunucmá, según dijeron.
El terreno abarca una extensión aproximada de 10 hectáreas. Cada lote tendría un valor de hasta un millón 200 mil pesos.
Durante la semana, llegaron topógrafos para fraccionar el área. También marcaron una calle que cruza predios particulares, según denunciaron habitantes.
Vecinos de Sisal acusan que más de 40 personas están involucradas en la tala. Las autoridades municipales habrían prometido lotes de ocho por 20 metros a quienes participen.
La vegetación retirada es arrojada en terrenos cercanos a la ciénega. La distancia al área de alimentación de los flamencos es menor a 10 metros. También se reportan afectaciones a cocodrilos y mojarras de agua dulce.
La destrucción incluye plantas como uva de playa y cocoteros. El impacto alcanza zonas de anidación de tortugas marinas.
El Ayuntamiento de Hunucmá busca cambiar el uso de suelo. El trámite permitiría entregar escrituras sobre terrenos deforestados.
Habitantes inconformes señalan que la Guardia Nacional ha dialogado con los involucrados. Aun así, las actividades continúan. Aseguran que cuentan con respaldo de la alcaldesa Cristina Pérez Bojórquez y los comisarios locales.
Sisal enfrenta una presión creciente desde que fue declarado “Pueblo Mágico”. El nombramiento atrajo a inmobiliarias interesadas en terrenos costeros.
En marzo, se registraron dos enfrentamientos por este conflicto. La Semarnat y la FGR anunciaron acciones legales por la deforestación de zonas federales.
Leer también: Habrá detenciones por devastación del mangle en Sisal
El gobernador Joaquín Díaz Mena reconoció que los responsables están identificados. Acusó que los lotes otorgados se venden posteriormente.
A pesar de un acuerdo alcanzado el 13 de marzo entre pobladores y autoridades, la deforestación continúa sin freno. Habitantes exigen intervención urgente de Profepa y del Gobierno de Yucatán.
ACOM
