Las revelaciones de una exfuncionaria electoral de Campeche sobre presuntas presiones desde el Instituto Nacional Electoral (INE) para favorecer a determinadas empresas en las licitaciones estatales reavivan las dudas sobre las contrataciones realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), particularmente en la adquisición de materiales electorales y servicios para los comicios de 2024.
De acuerdo con una investigación publicada este 12 de noviembre por Excélsior, firmada por el periodista Mauricio Alvarado Martínez, la expresidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Lirio Guadalupe Suárez Améndola, denunció que durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala recibió presiones para beneficiar al Corporativo Zeg, empresa vinculada con Hernández, según la publicación.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, la exconsejera relató que en mayo de 2023 le solicitaron favorecer a esa compañía y, ante su negativa, posteriormente pretendieron que sus representantes participaran en la elaboración de las bases de licitación.
Suárez Améndola aseguró que rechazó ambas propuestas porque las empresas debían competir en igualdad de condiciones y las bases tenían que ser aprobadas por el Consejo General del organismo electoral local.
También denunció que, después de negarse, enfrentó un procedimiento de remoción y presiones para abandonar el cargo.
Contrataciones del IEPAC Yucatán, bajo cuestionamiento
El testimonio cobra relevancia en Yucatán, donde las contrataciones electorales de 2024 han sido objeto de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por aproximadamente 40.5 millones de pesos, relacionadas con material electoral, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y combustible.
Entre los contratos cuestionados figura el servicio del PREP, adjudicado a Grupo Proisi por aproximadamente 37 millones de pesos, con observaciones por 9.25 millones.
Aunque las declaraciones de la exfuncionaria campechana no constituyen pruebas de que las mismas presiones ocurrieran en Yucatán, abren nuevas interrogantes sobre la independencia con que el IEPAC elaboró sus bases de licitación y seleccionó proveedores.
Exfuncionaria ofrecerá información a la ASF
Suárez Améndola aclaró que Guadalupe Taddei nunca le pidió personalmente favorecer a la empresa, aunque afirmó haber recibido llamadas y mensajes de personas que se identificaban como integrantes de la presidencia del INE.
La exconsejera manifestó su disposición a proporcionar nombres y detalles ante la Auditoría Superior de la Federación.
El señalamiento plantea una nueva exigencia de transparencia para el IEPAC Yucatán: esclarecer si sus procesos de contratación se desarrollaron con autonomía o existieron intervenciones externas en la selección de empresas proveedoras.
ACOM
