Diversas voces vinculadas a comunidades indígenas y al entorno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) han expresado preocupaciones sobre el funcionamiento de la delegación en Yucatán, al considerar que persisten prácticas y estructuras de decisión asociadas a administraciones anteriores.
Las críticas surgieron tras la llegada de una nueva titular al organismo en la entidad, pues algunos sectores consideran que los principales nombramientos y decisiones continúan siendo influenciados por actores que anteriormente tuvieron presencia en la institución.
Cuestionan permanencia de funcionarios
Entre los señalamientos se encuentra la permanencia de responsables de Centros Coordinadores en municipios como Sotuta y Valladolid, de quienes los denunciantes afirman no conocer resultados o avances concretos que beneficien directamente a las comunidades indígenas atendidas.
Las personas consultadas sostienen que existe inconformidad por la falta de información pública sobre programas, proyectos y resultados obtenidos en diversas regiones del estado.
Acusan presiones en convocatoria de proyectos
Otro de los puntos señalados está relacionado con una convocatoria para proyectos productivos impulsada por el instituto.
De acuerdo con los denunciantes, algunos promotores habrían ejercido presiones sobre grupos comunitarios para modificar equipos de trabajo previamente seleccionados por las propias comunidades, con el objetivo de incorporar a determinados proyectistas.
Hasta el momento, estas acusaciones no han sido confirmadas por autoridades del instituto.
Solicitan aclaración pública
Los inconformes pidieron al INPI emitir una postura oficial sobre los señalamientos y transparentar los criterios utilizados en la asignación de proyectos, así como en los procesos de contratación y acompañamiento técnico.
Asimismo, solicitaron que se garantice el respeto a la libre determinación de las comunidades indígenas y a los principios de transparencia en la aplicación de los programas institucionales.
