La Dirección de Desarrollo Urbano de Mérida intervendrá oficialmente en el caso del despojo que sufre M.Y.G respecto a su parcela 13-16, la cual ha sido invadida en su totalidad por la desarrolladora Calume, con el propósito de utilizar el predio —de aproximadamente 1,200 metros cuadrados— como vía de acceso a su condominio Muretto, ubicado en Temozón Norte.
El propietario acudió esta mañana a las oficinas municipales para entregar los planos certificados del Registro Agrario Nacional que acreditan su legítima propiedad y que le permitirán cercar su terreno, acción que fue impedida días atrás por una intervención policial solicitada por la empresa inmobiliaria.
Reconocen conflicto por desarrolladora
El jefe del Departamento de Quejas y Denuncias de la Dirección de Desarrollo Urbano, José Ricardo Themann Miguel, recibió formalmente el plano certificado del RAN, así como la solicitud para llevar a cabo la investigación correspondiente sobre el caso. Durante la reunión, el funcionario municipal reconoció explícitamente que el espacio ocupado por la desarrolladora «no es calle» y admitió que tenían conocimiento del conflicto, aunque únicamente contaban con información proporcionada por el Instituto de Seguimiento de Políticas Públicas (Insejupy), sin haber consultado al Registro Agrario Nacional.

La confirmación oficial de que el terreno en disputa no constituye una vía pública representa un golpe a la argumentación de Calume, que ha intentado justificar la ocupación ilegal bajo la premisa de utilizar una supuesta calle como acceso a su desarrollo inmobiliario. El conflicto se agravó en semanas recientes, cuando MYG intentó cercar su propiedad con base en documentos expedidos por el Registro Agrario Nacional (RAN); sin embargo, la empresa solicitó la intervención de la policía estatal y la presencia de una notaria pública, impidiendo la conclusión del cercado legítimo.
La desarrolladora no solo devastó la vegetación nativa de la parcela invadida, sino que además permitió la instalación de postes de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el fin de habilitar el terreno ejidal como infraestructura de acceso permanente. Esta ocupación carece de sustento legal, pues ni el catastro municipal ni el Registro Público de la Propiedad, correspondiente a la parcela 13-16, registran antecedentes que acrediten cómo la empresa habría adquirido ese espacio, el cual pertenece a jurisdicción federal por su carácter ejidal.
Permisos sin investigar ejidos
M.Y.G señaló que la dependencia municipal podría estar entregando permisos sin realizar investigaciones exhaustivas que incluyan consultas al RAN, situación que —advirtió— coloca a otros ejidos en un escenario de vulnerabilidad donde “el poder y el dinero hacen de las suyas contra gente indefensa”.
El caso se complica por la presencia de un vecino que dividió su terreno en 12 predios y que también pretende utilizar de manera ilegal la parcela en disputa, lo que refuerza un patrón de presión sobre tierras ejidales en una zona de alta plusvalía inmobiliaria.
El propietario espera la respuesta oficial de la directora de Desarrollo Urbano, Lourdes Marisol Solís Méndez, confiado en que la autoridad reconocerá su derecho y le permitirá proceder con el cercado de su parcela.
“Mureto no tiene razón y por ahora esperaremos la respuesta de Desarrollo Urbano para que, con el papel en la mano, cerquemos nuestra parcela”, declaró MYG.
Los documentos entregados a la autoridad municipal incluyen el certificado parcelario y el plano de grandes áreas elaborado por el Grupo Profesional de Servicios en Topografía, firmado por la licenciada Mariza Josefina González Ek, registradora del RAN en Yucatán, y avalado por las autoridades ejidales encabezadas por Baltazar de los Reyes Huchim Ramos, presidente del núcleo agrario. Esta documentación se sustenta en el plano técnico anexo al acta de asamblea general de ejidatarios del 30 de abril de 2017, validado por el notario público número 13 de Mérida.
ACOM









