El acelerado crecimiento inmobiliario que vive la capital yucateca está generando una voracidad empresarial sin precedentes, donde desarrolladores están dispuestos a pasar por encima de las leyes con tal de obtener multimillonarias ganancias a corto plazo, como evidencia el caso del proyecto «Muretto» en Temozón Norte, cuyos responsables han sido denunciados formalmente por invasión de terrenos ejidales y continúan operando con total impunidad a pesar de órdenes de clausura.
Una investigación de este medio revela que el Grupo Inmobiliario Calume, empresa detrás del exclusivo desarrollo de 116 departamentos —de los cuales ya prevendieron 110 unidades—, está utilizando ilegalmente una parcela ejidal certificada como única vía de acceso a su proyecto, configurando un caso que expone las fallas del sistema de control urbano municipal y permite plantear cuestionamientos sobre posibles actos de corrupción, incluso que podría derivar en fraude contra los compradores, pues sus departamentos quedarían “encajonados” sin accesos de entrada y salida. Algo absurdo.
Invasión documentada con certificado en mano
La denuncia formal, presentada el 13 de febrero de 2025 ante la Directora de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, Arqta. Lourdes Marisol Solís Méndez, fue interpuesta por M.Y.G., propietario legítimo de la parcela ejidal 1316Z-1P4 del Ejido Chuburna, quien posee el certificado parcelario N-000001017956 con dominio pleno otorgado en abril de 2017.
El expediente JABLEJE 22372 documenta cómo Calume está utilizando la propiedad de M.Y.G. como «superficie de libre tránsito» sin ningún acuerdo legal, violando frontalmente el Artículo 170 del Reglamento de Construcción del Municipio de Mérida. La situación se agrava porque, según consta en la denuncia, los desarrolladores tenían pleno conocimiento de la propiedad del terreno, incluso le habían ofrecido comprárselo al denunciante en el pasado, pero nunca formalizaron la adquisición.
Impunidad operativa: clausuras que no clausuran
Lo más preocupante del caso es la total impunidad con que opera Calume. A pesar de que la Dirección de Desarrollo Urbano ordenó la suspensión de obras, las imágenes obtenidas durante esta investigación confirman que los trabajos continúan sin interrupción, evidenciando una burla sistemática a la autoridad municipal.
El desarrollador no solo mantiene activa la construcción, sino que además está causando daños ambientales documentados, incluyendo la remoción de vegetación nativa sin permisos correspondientes y afectaciones a materiales y vehículos del propietario legítimo del terreno.
ACOM
