Mérida, Yucatán; 22 de noviembre de 2021 (ACOM).- La familia de José Eduardo Ravelo tuvo el riesgo de ser revictimizada, tras darse a conocer información en torno al presunto motivo del deceso del joven, difundido por la Fiscalía General de la República (FGR), consideró Ana Gabriela González González, directora de Vinculación y Reparaciones Colectiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Luego de firmar un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), la funcionaria federal recordó que el organismo que representa presentó un extrañamiento en torno al caso, al tiempo que reforzó el acompañamiento a la mamá del joven, María Ravelo.
«Estuvimos dando un acompañamiento a la familia, en materia jurídica. Posterior al extrañamiento, se continuó la coordinación con la FGR para continuar con la investigación. El caso no ha cerrado y se deben llevar a cabo todos los procedimientos. Sí fue precipitado el comunicado. Consideramos que hay riesgo que se pueda revictimizar a la mamá de José Eduardo, por eso actuamos en manera pronta», explicó.
Cuestionada sobre la postura de las autoridades municipales de Mérida, en torno al deslinde de la responsabilidad de los agentes de la Policía Municipal que habrían participado en la detención del joven, señaló que, en la investigación del caso, se documentó un cierto abuso policial, al tiempo que reconoció que el caso se politizó.
Asimismo, recalcó que la CEAV mantiene el acompañamiento jurídico para la madre de José Eduardo.
«Para evitar este tipo de situaciones, es que se busca promover una cultura de derechos humanos, por lo que vamos a trabajar en la capacitación. Los municipios deben designar a un responsable que sirva de vínculo con todos los entes para canalizar a las instancias correspondientes», externó.
En torno al acuerdo con la Codhey, remarcó que se trabajará en acciones de capacitación y coordinación para la atención de casos de presuntas violaciones a derechos humanos.
De igual manera, refirió que se sostuvo una reunión con el gobierno estatal para el establecimiento del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, con el fin de que este órgano trabaje a la par con el ente federal en la materia.
