La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Yucatán investiga presuntas irregularidades en el manejo de recursos federales durante 2024, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara inconsistencias en contratos, registros contables y procedimientos de contratación pública.
Las investigaciones estatales comprenden cinco expedientes administrativos derivados de la auditoría 2134 de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al periodo de transición entre el gobierno de Mauricio Vila Dosal y la administración de Joaquín Díaz Mena.
Cinco expedientes por irregularidades administrativas
Los expedientes identifican distintas inconsistencias en dependencias y organismos públicos:
- DAJIA/INV/ASF-89/2025: cinco organismos, entre ellos el IEPAC y la JAPAY, no presentaron registros contables específicos para identificar el ejercicio de las participaciones federales.
- DAJIA/INV/ASF-90/2025: la Secretaría de Administración y Finanzas reportó contratos por 2,056.4 millones de pesos, frente a un gasto registrado de 1,633.1 millones, con una diferencia de 423.3 millones.
- DAJIA/INV/ASF-91/2025: catorce organismos reportaron contratos por 840.1 millones de pesos, mientras que el gasto registrado fue de 654.4 millones.
- DAJIA/INV/ASF-93/2025: se detectaron documentos faltantes o inconsistencias en 39 de 46 procedimientos de contratación revisados, por 702.8 millones de pesos.
- DAJIA/INV/ASF-996/2025: se investiga la rehabilitación de un inmueble por 10 millones de pesos, sin documentación que acreditara el procedimiento de adjudicación.
ASF reporta probable daño por 398.2 millones de pesos
Por separado, la ASF emitió el pliego de observaciones 2024-A-31000-19-2134-06-001 por un probable daño a la Hacienda Pública de 398 millones 203 mil 760.51 pesos, relacionado con 23 contratos cuya documentación no acreditó suficientemente la recepción de bienes y servicios.
Entre los montos señalados figuran 171.5 millones de pesos correspondientes a dos contratos de vales y combustible de la Secretaría de Administración y Finanzas, suscritos en 2023, durante el gobierno de Mauricio Vila Dosal.
La ASF también promovió una acción para investigar posibles responsabilidades de servidores públicos por irregularidades documentales en diez contratos.
La auditoría revisó una muestra de 15 mil 318.7 millones de pesos de participaciones federales ejercidas en 2024 y reportó 527.8 millones de pesos pendientes de aclaración o sujetos a observaciones por probable daño.
Las observaciones y los expedientes de investigación no constituyen por sí mismos una resolución definitiva de responsabilidad administrativa o penal.
Fuente: Información de la auditoría 2134 de la Auditoría Superior de la Federación y datos de los expedientes citados en el material proporcionado.
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Externo: Auditoría Superior de la Federación.
