Mérida, Yucatán; 30 de mayo de 2022 (ACOM).- Habría multas y penas de cárcel para funcionarios públicos que incurran en violencia vicaria en Yucatán.

Durante la discusión de esta iniciativa, en las comisiones unidas de Igualdad de Género y de Justicia y Seguridad Pública, en el Congreso estatal, se definió las sanciones para quienes generen alguna violación en contra de una mujer madre de familia, durante algún proceso judicial o administrativo en torno a sus hijos.

La presidenta de la comisión de Igualdad de Género, Vida Gómez Herrera, informó que se fortaleció la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que esto sea una realidad.

«Es una queja válida porque la ley es enunciativa, está muy bien redactada, pero en la aplicación, no está marcando la diferencia. Por eso en esta iniciativa se está tocando el Código de Familia y el Código Penal para que lo que venga en la Ley de Acceso, tenga un impacto penal en este tipo de violencia», explicó.

Según lo dispuesto en la iniciativa para reconocer y combatir la violencia vicaria, que comprende modificaciones al Código de Familia y al Código Penal de Yucatán para reconocer este ilícito, se impondrá una sanción de 4 a 8 años de prisión para quien incurra en este.

Asimismo, los funcionarios públicos que pretendan retardar la procuración de justicia o en la investigación de un delito de violencia vicaria, se le impondrá de 3 a 8 años de cárcel y hasta mil 500 días de multa, además de que estará inhabilitado en sus labores en un plazo de 6 a 10 años.

Durante las discusiones se definió que la violencia vicaria sea considerada como un delito con perspectiva de género, al menos, durante su implementación y hasta que el asunto pueda combatirse de manera contundente.

«Lo estamos haciendo en este momento por la problemática y la deuda histórica que existe en el ejercicio de violencia hacia las mujeres. Cuando este punto de equilibrio se logre, entonces, se puede ampliar la definición, pero el punto de partida es que sea con perspectiva de género y una acción afirmativa», señaló Gómez Herrera.

Cabe recordar que este tipo de violencia surge cuando los padres de familia impiden que la madre tenga acceso a sus hijos durante un proceso familiar, mediante la implementación de estrategias en las que se coluden con funcionarios.