Iniciativa de Movimiento Ciudadano plantea impedir la regularización de construcciones que destruyan manglares, selvas y áreas protegidas, además de exigir la reparación de los daños ambientales.
Mérida, Yucatán, 11 de noviembre de 2026.– La diputada de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante, presentó ante el Congreso de Yucatán la iniciativa “Ningún permiso para destruir”, que busca impedir que empresas y particulares obtengan autorizaciones ambientales para regularizar construcciones realizadas ilegalmente en áreas naturales.
La propuesta plantea endurecer los requisitos de autorización y obligar a los responsables a reparar los daños ambientales con sus propios recursos, para evitar que resulte más barato pagar multas que cumplir la legislación.
Proponen demoler obras ilegales y restaurar manglares
Entre los principales planteamientos destaca impedir que quienes construyan ilegalmente o destruyan manglares puedan obtener permisos posteriores para regularizar sus obras. En esos casos, tendrían que demoler las edificaciones y restaurar las zonas afectadas.
La iniciativa también contempla inspecciones físicas, evidencia fotográfica y seguimiento durante un año en áreas ambientalmente frágiles.
Además, propone establecer mayores requisitos para los especialistas que elaboran estudios ambientales, quienes deberán acreditar experiencia y asumir responsabilidades legales cuando proporcionen información falsa.
Otro planteamiento busca impedir que las autoridades reduzcan las medidas de protección ambiental sin una justificación científica suficiente.
Alertan por presión inmobiliaria sobre ecosistemas de Yucatán
Durante su intervención, Acosta Escalante mencionó los impactos ambientales asociados con proyectos como el Tren Maya y el desarrollo inmobiliario en Chuburná Puerto, donde existe preocupación por la presión sobre los ecosistemas costeros.
La legisladora advirtió que las características del suelo de roca caliza, la importancia del agua subterránea y la función protectora de los manglares hacen que Yucatán enfrente condiciones particulares de vulnerabilidad ambiental.
“Un político se va en tres o seis años, pero una selva o un manglar destruido no se recuperan solos”, expresó.
También cuestionó que los controles ambientales sean considerados un obstáculo para las inversiones y sostuvo que el costo de recuperar los ecosistemas y proteger el agua debe tener mayor peso en las decisiones.
La iniciativa fue elaborada con la participación de activistas, especialistas y jóvenes defensores del territorio.
Fuente: Información proporcionada sobre la iniciativa presentada por Larissa Acosta Escalante
