Aunque el INEGI reportó una mejora de 2.0 puntos porcentuales en la pobreza laboral de Yucatán durante el segundo trimestre de 2025, ubicándola en 27%, esta cifra representa apenas una «fotografía limitada» de una realidad mucho más compleja: el 56.5% de la población ocupada trabaja en el sector informal, sin acceso a seguridad social ni prestaciones, mientras la mayoría de los hogares apenas logra cubrir sus necesidades elementales y permanece vulnerable ante cualquier contingencia económica.
El indicador oficial, que mide únicamente si el ingreso laboral permite adquirir la canasta alimentaria básica, oculta que aproximadamente 30% adicional de los yucatecos sobrevive con ingresos que apenas exceden marginalmente este umbral. Esto significa que más de la mitad de la población del estado vive en condiciones de vulnerabilidad económica extrema, donde cualquier alza de precios —como la inflación anual de 4.6% registrada en enero de 2025, una de las más altas del país— puede empujarlos nuevamente hacia la pobreza laboral.
La informalidad: el verdadero rostro del empleo en Yucatán
La estructura laboral del estado revela la fragilidad del supuesto avance. Con 56.5% de las personas ocupadas trabajando en el sector informal, la mayoría de la fuerza laboral —particularmente jóvenes, mujeres y adultos mayores— carece de contratos estables, seguridad social y prestaciones básicas. Estos trabajadores, que constituyen más de la mitad de quienes generan ingresos en Yucatán, enfrentan una volatilidad salarial que no se refleja adecuadamente en los promedios estatales que reporta el INEGI.
El incremento del ingreso laboral per cápita, que pasó de $2,488.75 en 2016 a $3,871.21 en 2025, pierde significado cuando se contrasta con el proceso inflacionario. El Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo registró una inflación anual de 3.45% en agosto de 2025, erosionando sistemáticamente el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, precisamente aquellos que dependen de ocupaciones informales y precarias.
El indicador incompleto: lo que no mide la pobreza laboral
La metodología del INEGI para medir la pobreza laboral presenta limitaciones estructurales que impiden comprender la magnitud real del problema. El indicador no contempla gastos indispensables para una vida digna como servicios públicos, vivienda adecuada, educación o salud. A nivel nacional, el 64.3% de la población mexicana carece de ingresos laborales suficientes para adquirir tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria, una realidad que se replica en Yucatán, donde la mayoría de los hogares apenas cubre lo elemental.
La alta informalidad genera otro sesgo metodológico significativo: muchos ingresos no son captados adecuadamente por las encuestas laborales. Quienes trabajan en micronegocios familiares, actividades agrícolas, servicios no regulados o sin patrón registrado, frecuentemente reportan ingresos menores a los reales o quedan excluidos del muestreo efectivo, subestimando así la precarización cotidiana que enfrentan miles de familias yucatecas.
Una mejora frágil ante la volatilidad económica
El descenso de dos puntos porcentuales en la pobreza laboral debe interpretarse como un avance parcial y coyuntural, no como un cambio estructural profundo. La distribución desigual del ingreso en el estado mantiene a decenas de miles de familias viviendo al límite de la subsistencia, donde cualquier fluctuación en los precios de alimentos básicos o tarifas de servicios puede revertir los modestos avances de un trimestre a otro.
ACOM
