El primer informe de gobierno del presidente municipal de Kinchil se vio empañado por un acto calificado por los agraviados como una represión. Elementos de la Policía Municipal intimidaron y ordenaron a la familia Dzul Aguayo retirarse del lugar mientras realizaban una protesta pacífica, vulnerando así su derecho constitucional a la libre expresión.
La familia denunció que, en vez de garantizar su seguridad, la policía actuó como barrera para silenciar sus reclamos. El conflicto se centra en el presunto intento del Ayuntamiento de despojarlos de un terreno de casi 25 mil metros cuadrados, ubicado en la calle 20 No. 158, al sur del municipio.
Herencia en disputa y omisión de autoridades
El predio perteneció a José Matilde Dzul Canul. Aunque se encuentra en estado intestatario, sus hijos lo han cuidado y trabajado desde su fallecimiento. Un título de propiedad fechado el 20 de diciembre de 1960 respalda la posesión familiar. En 2016, el valor catastral era de $147,715.84 pesos.
Días antes de la protesta, topógrafos ingresaron sin autorización al terreno. Pese a los reportes, la Policía Municipal no acudió. Sin embargo, durante el informe del alcalde, los agentes actuaron de inmediato… pero para dispersar a la familia.
“Si la policía no llega cuando nos invaden, pero sí para quitarnos el derecho de protestar, está claro de qué lado están”, afirmaron los afectados.
Abuso en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
El incidente ocurrió en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, lo que agrava la indignación de la comunidad. Para los Dzul Aguayo, el llamado “Renacimiento Maya” del gobierno estatal queda en evidencia como un simple eslogan, sin respaldo real en el respeto a los derechos de los pueblos originarios.
