El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Yucatán que preside Claudia González Góngora expresó su preocupación por la aprobación en el Senado de las reformas a la Ley de Amparo ya que limitará la capacidad de ciudadanos y empresas para defenderse frente a actos de autoridad.
El organismo destacó que el juicio de amparo garantiza el control judicial sobre las decisiones del poder público. Su restricción abriría la puerta a abusos que afectarían a personas y sectores productivos.

El CCE recordó que en Yucatán el 99.9 por ciento de las unidades económicas son micro, pequeñas y medianas empresas. Estas concentran 83.6 por ciento del personal ocupado, según datos del INEGI.
Las reformas, indicó el consejo, afectarían la defensa jurídica de estas empresas, al elevar requisitos y reducir los mecanismos de protección.
Entre los puntos de mayor preocupación se encuentran el aumento del umbral para acreditar interés legítimo y la limitación de suspensiones provisionales. Estos cambios podrían dejar a empresas sin operación mientras se resuelve un juicio.
El CCE también alertó sobre las restricciones a las garantías aceptables en materia fiscal y la introducción de una cláusula de “imposibilidad jurídica o material”. Esta permitiría a autoridades justificar el incumplimiento de sentencias por falta de recursos.
Otro punto que genera inquietud es la aplicación retroactiva de la reforma, lo que podría contradecir el artículo 14 constitucional. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar este aspecto.
El CCE Yucatán llamó a realizar foros de Parlamento Abierto con juristas, académicos y sociedad civil. Reiteró su disposición al diálogo y su compromiso con un juicio de amparo sólido y eficaz que preserve la certeza jurídica.









