El Pleno del Senado de la República aprobó las reformas por las que se reformula la organización, administración, regulación, operación, desarrollo, fiscalización y rendición de cuentas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El documento está encaminado a generar un mejor esquema de desarrollo social en materia de vivienda que beneficie a la población, y para ello se asegura que los créditos y ahorros de los trabajadores serán intocables en materia de fiscalización, y se establece que ante la cancelación de proyectos incumplidos se haría la restitución de recursos a las personas afectadas.
Lo principal de la reforma al Infonavit
Plantea la creación de una empresa filial encargada de la construcción de vivienda, que, si bien no se trata de una entidad paraestatal, sí estaría sujeta a mecanismos de control y transparencia.
También abre la posibilidad de que las empresas participen en la construcción de vivienda, bajo un esquema que garantice el buen manejo de recursos y se prevengan casos de corrupción.
Regula la figura del arrendamiento social, con lo que se establece un mecanismo que permita el acceso a la vivienda para las personas trabajadoras, mediante un arrendamiento accesible y con opción de compra.
Prohíbe la actualización del saldo, el pago por concepto de amortización o los accesorios de los créditos otorgados a las personas trabajadoras, a efecto de poner fin a los cobros excesivos y a los intereses abusivos e impagables.
Plantea la facultad de veto de la persona directora general en la Comisión de Administración y Vigilancia, que será limitada y únicamente procederá cuando una resolución no sea adoptada por unanimidad, por lo que su único efecto será suspender la aplicación de la resolución correspondiente para que la Asamblea General resuelva, en definitiva.
Otros cambios
La propuesta establece que los integrantes de los órganos colegiados del Instituto no recibirán remuneración por el desempeño de su cargo.
Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para supervisar y vigilar las operaciones de crédito del Infonavit, bajo un enfoque social para garantizar viabilidad financiera y técnica.
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Además, la Auditoría Superior de la Federación mantendrá su función fiscalizadora como organismo autónomo, para asegurar total transparencia.
En el dictamen se propone fortalecer la gobernanza de la Dirección General del Infonavit, incluyéndola en la integración de la Asamblea General con voz y voto, y en el Consejo de Administración, para que pueda presentar proyectos e informar sobre el desempeño de sus facultades.
Acusan agandalle de un fondo
Blanca Judith Díaz Delgado, de Morena, destacó que “con esta reforma se resarcirá el daño de los neoliberales, porque vamos a construir viviendas y a arreglar el relajito que nos dejaron gobiernos en otro momento”.
Por el PAN, Gina Campuzano González dijo que esta reforma preocupa, porque tiene el objetivo de “agarrar” los ahorros de los mexicanos.
“Quieren agandallarse 2.4 billones de pesos, lo que afectará a 77 millones de familias. No tendremos ni idea de qué harán con esos ahorros, porque ni el gobierno podrá revisar a la empresa constructora que usará esos recursos”, señaló.
Del PRI, Mely Romero Celis manifestó que su grupo parlamentario está a favor de la vivienda digna y a bajo costo para los mexicanos, pero la reforma no busca eso, sino que está encaminada a tomar el control del Infonavit y el dinero de los trabajadores, ya que se elimina el “tripartismo”, que durante 53 años ha sido el sustento de esa institución.
