La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) enfrenta una crisis financiera sin precedentes en el sistema de transporte Va y Ven que, de continuar con la actual tendencia, requerirá más de 11 mil millones de pesos en subsidios estatales en los próximos seis años para mantenerse operativo o buscar pronto un esquema que le permita salir a “flote”, en tanto se concluyen las dos auditorías en curso y el estudio de operatividad, costo-beneficio y sustentabilidad financiera.
El diagnóstico presentado por la ATY ante el Congreso del Estado y luego en la conferencia de prensa por su titular Jacinto Sosa Novelo, muestra que el sistema genera actualmente un déficit anual, pues para 2025 la proyección indica ingresos por 1,321 millones de pesos frente a gastos superiores a 3,179 millones, lo que representa un déficit de 1,860 millones de pesos. Esta brecha financiera significa que por cada peso que ingresa al sistema, apenas alcanza para cubrir el 41% de sus costos operativos, situación que compromete gravemente su viabilidad.
«No permitiremos que el costo de la irresponsabilidad, las prisas políticas e improvisación lo sigan pagando las familias trabajadoras», declaró Sosa Novelo al presentar el informe de la situación actual del sistema. El funcionario reveló que el modelo heredado de la administración anterior ya acumula un quebranto financiero de 1,215 millones de pesos, resultado de lo que calificó como «decisiones improvisadas, caprichosas e irresponsables».
Va y Ven: pérdidas millonarias anuales constantes
Entre los principales factores que contribuyen al desequilibrio financiero del Va y Ven se encuentran los pagos garantizados por kilómetros no recorridos, que generan un impacto estimado en 264 millones de pesos anuales; la adquisición de tecnología a sobreprecio, con un costo acumulado superior a 400 millones; y un subsistema de transporte eléctrico (IE-TRAM) cuyos ingresos están muy por debajo de su costo real de operación.
Además, se documentó la pérdida de 30 millones de pesos en tarjetas inservibles adquiridas durante 2024 y contratos a largo plazo como el del CETRAM Norte, que obliga al Estado a pagar 22.2 millones de pesos anuales durante 15 años, sin que el inmueble pase a ser propiedad pública, calificado por el titular de la ATY como «posiblemente el paradero de transporte público más caro de América Latina».
Ante esta situación crítica, el gobernador Joaquín Díaz Mena ordenó una auditoría integral al sistema Va y Ven y se comprometió a revisar a fondo la estructura financiera del proyecto. «Por supuesto que no vamos a quitar el Va y Ven. Lo que sí es que el transporte público no puede ser negocio para unos cuantos. Tiene que estar al servicio del pueblo», afirmó el mandatario, quien puntualizó que buscarán evitar que los recursos faltantes afecten áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura.
El sistema Va y Ven, impulsado por la administración de Mauricio Vila (2018-2024), representó una importante modernización del transporte público en Yucatán, con una flota que alcanzaría 918 unidades para finales de su gestión, incluyendo vehículos convencionales, híbridos y eléctricos. Sin embargo, según los funcionarios actuales, el proyecto careció de una adecuada planificación técnica y financiera que asegurara su sostenibilidad a largo plazo.
Denuncian irregularidades en administración pasada
La ATY ha presentado ya una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos y Combate a la Corrupción tras encontrar irregularidades por más de 2.4 millones de pesos no auditados, de los cuales 700 mil son en efectivo. Este hallazgo forma parte de las investigaciones en curso para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales por el manejo del sistema durante la administración anterior.
El cambio de gobierno del PAN a Morena en octubre de 2024, con la llegada de Joaquín «Huacho» Díaz Mena como primer gobernador morenista de Yucatán, ha traído un enfoque crítico hacia el modelo de gestión del sistema. Durante la campaña electoral surgieron controversias sobre la postura de Morena hacia el Va y Ven, aunque el actual gobierno ha dejado claro que no pretende eliminar el servicio, sino transformarlo para hacerlo viable.
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Sosa Novelo ha anunciado que el sistema continuará operando, pero bajo un nuevo esquema basado en un análisis técnico de origen y destino, con una optimización de rutas y unidades. Este rediseño se realizará «de la mano de los concesionarios» y buscará mantener las mejoras en calidad del servicio mientras se corrigen los desequilibrios financieros actuales. «Vamos a poner por delante el interés del pueblo de Yucatán y a construir juntos un sistema de movilidad realmente justo, eficiente y humano», subrayó.
Va y Ven encrucijada financiera
La crisis del Va y Ven plantea un dilema para la actual administración, que deberá decidir entre incrementar los subsidios estatales, aumentar las tarifas (actualmente de 12 pesos en varias rutas) o reducir los costos operativos mediante una reestructuración que podría afectar a las empresas concesionarias privadas que operan el sistema, como Mobility Mérida, Grupo COMI, Turismaya, Corporativo Sirus, CORPA y FUTV.
El gobernador Díaz Mena ha reiterado su compromiso con mantener el transporte público «al servicio del pueblo» y ha señalado que esta semana se reunirá con el titular de la ATY para conocer a detalle la situación financiera y los modelos financieros que se utilizaron para implementar el sistema. Con estos insumos, la administración buscará diseñar un plan de rescate que permita la continuidad del servicio sin comprometer las finanzas públicas del estado.
ACOM
