La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) manifestó su postura sobre la propuesta de reforma a la Ley de Amparo en análisis en el Congreso de la Unión.
El organismo representa a 35 mil afiliados, 76 delegaciones y 104 ramas industriales en el país. Señaló que algunos puntos de la iniciativa podrían afectar la seguridad jurídica y la inversión.
Uno de los cambios más relevantes es la redefinición del interés legítimo. La propuesta limita la posibilidad de interponer amparos solo a quienes acrediten una lesión jurídica real y actual. Esto restringe la defensa de derechos colectivos.
Otro aspecto se relaciona con la suspensión provisional. La iniciativa elimina la posibilidad de suspender de inmediato actos como bloqueos de cuentas, deuda pública, telecomunicaciones o competencia económica. Una empresa podría perder concesiones aun si después obtiene un fallo favorable.
En materia fiscal, la reforma suprime la ampliación de demanda en la mayoría de los casos y limita el amparo contra la ejecución de créditos. Las empresas tendrían menos herramientas para defender su liquidez y operaciones.
Además, la iniciativa permitiría a autoridades alegar imposibilidad jurídica o material para cumplir sentencias sin enfrentar sanciones. Esto debilita el alcance de los amparos obtenidos por particulares o empresas.
Canacintra exhortó al Congreso a no aprobar disposiciones que reduzcan la defensa legal de ciudadanos y empresas.
El organismo solicitó la apertura de foros de Parlamento Abierto con juristas y representantes empresariales para corregir riesgos.
Finalmente, advirtió que la iniciativa podría impactar la competitividad de las cadenas productivas y poner en riesgo inversiones y empleos.
