El Gobierno Federal logró recuperar 23 mil metros cuadrados de terrenos federales que invadidos ilegalmente en el puerto de Sisal, Yucatán, donde habitantes locales talaron manglar botoncillo (Conocarpus erectus) en una zona protegida.
La intervención, encabezada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se realizó luego de que el 25 de febrero del presente año se detectara inicialmente la remoción de 10,400 metros cuadrados, y pese a la clausura temporal impuesta, los habitantes continuaron la tala al día siguiente, afectando otros 12,600 metros cuadrados.
Veinte detenidos
Entre los principales responsables de promover la invasión se encuentran Jorge Burgos Mulato, «Lucy» (conocido como El Diablito), Yordi Burgos (alias Cholo), Xavier Puerto (Chocoxa), Alejandro Esquivel (Caprice), Sarby Puerto, Halam Hernández (Choki), Sirley Galaz, Rocío Hernández, Gener Zib (Tocaxiqui), María Martínez, Augusto (Uto) y Erik Pardenilla (Vilis), quienes lideraron a los residentes locales en la tala ilegal utilizando motosierras, trascabos y volquetes para «limpiar» el área, según revelaron los mismos pobladores. Por lo pronto, hay 20 detenidos tras la refriega con los cuerpos de seguridad.
Los terrenos en cuestión son propiedad federal, protegidos por normativas ambientales que prohíben su ocupación o modificación.
La legislación mexicana establece claramente que las zonas de manglar y humedales costeros pertenecen a la nación y están bajo la jurisdicción del Gobierno Federal, al considerarse ecosistemas de vital importancia para la conservación de la biodiversidad y la protección costera.
El operativo de recuperación, realizado este día, involucró a fuerzas federales como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quienes ingresaron a la zona para hacer valer los sellos de clausura y detener la destrucción del ecosistema.
La intervención fue solicitada directamente por la Fiscalía General de la República (FGR) tras la denuncia penal interpuesta por la Profepa contra quienes resultaran responsables.
Se desata la violencia
El operativo derivó en violentos enfrentamientos cuando los pobladores bloquearon el acceso al puerto y recibieron a las autoridades con piedras y palos.
Los habitantes, argumentando tener derechos sobre los terrenos para uso habitacional como «pobladores originarios», se organizaron para impedir el paso de las fuerzas federales, lo que escaló rápidamente a un conflicto físico donde resultaron heridos tanto elementos de seguridad como residentes locales.
La tensión en la zona continúa siendo alta, con pobladores que mantienen barricadas en los accesos al puerto y vigilancia constante para impedir nuevos operativos.
Aunque las autoridades se retiraron temporalmente para evitar una escalada mayor de violencia, han declarado que no permitirán la continuación de actividades ilegales en la zona federal protegida y que procederán legalmente contra los responsables.
Defienden su territorio
Los residentes han expresado su frustración argumentando que la defensa del territorio responde a la venta de terrenos a inmobiliarias externas, y que su acción busca asegurar espacios para vivienda.
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Sin embargo, las autoridades ambientales han señalado que la tala del manglar ha provocado una alarmante fragmentación y degradación del ecosistema de humedal costero, afectando diversas especies de flora y fauna silvestre protegidas.
Tras los enfrentamientos, se reportó la detención de al menos 20 personas, a quienes se les trasladó para rendir declaración ante las autoridades competentes.
