La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Yucatán concluyó sus trabajos de observación del inédito proceso electoral llevado a cabo en 2025 para renovar en su totalidad al Poder Judicial.
La elección, impulsada por una reforma sin precedentes, estuvo marcada por una baja participación ciudadana, un alto número de votos nulos y múltiples cuestionamientos sobre la legalidad, imparcialidad y transparencia del proceso.
De acuerdo con los datos presentados por la organización, la participación ciudadana alcanzó apenas el 13.02%, cifra considerablemente inferior al 60.9% registrado en el proceso electoral del año anterior. Además, los ciudadanos anularon el 10.8% de los votos y dejaron sin marcar un 12% de los recuadros en las boletas.
Para la Canacintra, estas cifras reflejan un claro rechazo ciudadano hacia la reforma del Poder Judicial, especialmente considerando que 9 de cada 10 casos que atienden los jueces federales enfrentan a ciudadanos contra el gobierno. Desde esta perspectiva, el hecho de que el propio gobierno haya promovido esta reforma genera un conflicto de interés que pone en entredicho la independencia judicial.
Dudas sobre certeza, legalidad e imparcialidad
En su análisis, señaló múltiples cambios en los procedimientos electorales que, lejos de fortalecer el proceso, lo debilitaron. Uno de los principales señalamientos se refiere al cambio en la metodología del conteo de votos.
En esta ocasión, el conteo fue realizado por equipos de dos personas en los Consejos Distritales, alejados de la ciudadanía y sin posibilidad de observar directamente las boletas. En procesos anteriores, este conteo se hacía públicamente en las casillas, frente a ciudadanos y observadores, lo que garantizaba mayor certeza.
Además, se instruyó no cancelar las boletas no utilizadas, lo que contraviene las prácticas anteriores y abre la puerta a posibles usos indebidos. También se denunció la distribución de “acordeones” con listas de candidatos, los cuales coincidieron exactamente con los ganadores tanto a nivel federal como local.
El organismo empresarial indicó que esta coincidencia, sumada a las diferencias estadísticas abismales entre los votos obtenidos por candidatos oficialistas y opositores, resulta “matemáticamente muy poco probable” y sugiere una manipulación del voto ciudadano.
A nivel legal, se observaron contradicciones en las instrucciones oficiales respecto al tratamiento de las boletas sobrantes, lo cual crea vacíos normativos. En cuanto a la independencia del proceso, la reducción presupuestal se reflejó en una menor cantidad de casillas y el uso de una sola urna para todas las boletas, lo que según la Cámara, afectó la integridad del sistema de registro de votos y de la cadena de custodia.
Ausencia de auditoría ciudadana y creación de falsos dilemas
Otro de los aspectos más preocupantes señalados por la Canacintra es la falta de mecanismos que permitieran la auditoría ciudadana del proceso.
A diferencia de elecciones anteriores, en las que los resultados podían cotejarse desde el nivel de casilla, en esta ocasión los únicos datos verificables fueron el número de boletas utilizadas. Incluso este dato es auditable solo parcialmente, ya que el sistema no permite un desglose hasta la unidad básica de votación.
Por último, la Cámara denunció que el diseño del proceso colocó tanto a ciudadanos como a instituciones en falsos dilemas. Por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral (INE) se le colocó en una encrucijada presupuestal: si lograba cumplir con el proceso con recursos limitados, se justificaba reducirle aún más el presupuesto; si no lo lograba, se justificaba su reforma.
A los ciudadanos se les planteó una dicotomía: si participaban, validaban un proceso que consideraban antidemocrático; si se abstenían, eran acusados de desinterés democrático. A jueces, magistrados y ministros en funciones se les condicionó su permanencia en el sistema de justicia a validar el nuevo esquema.
La cámara empresarial concluyó su informe haciendo un llamado a “ciudadanizar” también el trabajo legislativo, como se hizo con las elecciones en 1996 cuando se fortaleció la independencia del entonces IFE.
Y reiteró su compromiso de apoyar cualquier iniciativa encaminada a garantizar una representación verdaderamente sustantiva y democrática.
