La calificadora Moody’s Local México subió la calificación del Estado de Yucatán a AA- desde A+, debido a una mejora sostenida en la liquidez, al fortalecimiento estructural en la recaudación de ingresos propios y buenas prácticas de planeación que han permitido un incremento importante en el gasto de capital sin generar presiones en el perfil crediticio.
Esta acción de calificación se debe a una mejora sostenida en la liquidez y la eliminación del uso de deuda de corto plazo, como resultado de los esfuerzos hechos por el Gobierno de Mauricio Vila Dosal para lograr una gestión más transparente y eficiente en la planeación de los recursos públicos en favor de una mejor calidad de vida para las familias yucatecas.
Moody’s Local México también destaca que, gracias a la implementación de diversas medidas fiscales, la recaudación del Estado se compara favorablemente con otros estados calificados en AA-y también se reduce la dependencia en las transferencias federales.
¿Por qué mejoró la calificación?
Esto se suma a una tendencia al alza en la confianza sobre las finanzas estatales, ya que en 2023 HR Ratings subió la calificación a AA de AA- y mejoró la perspectiva del estado a positiva en marzo 2024. Por su parte, Fitch Ratings anunció en mayo pasado un alza en la calificación a AA- desde A+.
En su comunicado, HR Ratings evaluó los factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) en niveles Superiores; también señaló que Yucatán supera los estándares de generación de información financiera estipulados en la Ley de Disciplina Financiera.
Otro factor que contribuye a la evaluación del factor Gobernanza como Superior es la continuidad de proyectos y políticas públicas.
Fitch Ratings destacó en su análisis que el alza en la calificación refleja un dinamismo favorable en los ingresos locales y crecimiento contenido del gasto.
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Lo anterior aunado a niveles de liquidez adecuados que permitieron la liquidación de la deuda de corto plazo contratada en el 2020 para hacer frente a la pandemia.
También resaltó las acciones emprendidas por la administración para fortalecer la recaudación local y lograr un crecimiento económico superior al del PIB nacional.
