Claman asesores inmobiliarios que haya una regulación para quienes se dedican a esta labor de manera formal en Yucatán.
Al respecto, el presidente de Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Mérida, Iván Cervera López, advirtió que el crecimiento en la oferta de vivienda, terrenos y edificios en Yucatán, generó la proliferación de personas que se identifican como asesores en esta materia, aunque muchas veces carecen de la preparación para realizar esta labor de manera adecuada.
«Podemos estimar que afuera hay probablemente 10 mil, entonces, aunque nuestra membresía ha crecido considerablemente en los últimos años, seguimos siendo una minoría contra la informalidad que hay afuera. Insisto, esta parte en la parte en la que cualquier persona se puede autonombrar asesor, se vuelve muy sensible», explicó.
Recordó que se propuso una modificación a la Ley del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, en la que se incluirá una regulación de los agentes inmobiliarios, así como un eventual padrón de personas que estén certificadas en la materia.
Señaló que esta regulación comprende que el asesor para la adquisición de bienes inmuebles deba pertenecer a la formalidad, estar sujeto a las condiciones hacendarias, comprobar y actualizar sus conocimientos para asesorar a las personas en materia legal, fiscal o financiera y contar con conocimientos de la situación del Estado y las necesidades de los clientes.
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Regulación por el bien del sector
El líder de la agrupación que actualmente aglutina a 600 profesionales inmobiliarios, 200 titulares de empresas y 400 afiliados, se dijo a favor de la regulación por el bien del sector.
«Consideramos que es fundamental, necesario poder tener este filtro, esta barrera de entrada para que las personas que nos dedicamos a comercializar, lo hagamos con las capacidades necesarias para brindar a la sociedad en general, la asesoría y la información a detalle para tomar la mejor decisión», externó.
También, manifestó su preocupación sobre los llamados «proyectos irresponsables» que representan una amenaza para el crecimiento mobiliario ordenado del estado, así como un riesgo para quienes invierten sus ahorros en su adquisición, los cuales se buscará combatir.
ACOM
