De los 159 aspirantes aprobados en la primera fase para ocupar magistraturas en el Poder Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial de Yucatán, destacan figuras con fuertes vínculos políticos, incluyendo expriistas que ahora laboran en el gobierno de Morena, así como candidatos envueltos en controversias por violencia de género y laboral, revelando la delgada línea entre justicia y política en el estado.
El proceso electoral judicial que se celebrará el próximo 1 de junio en Yucatán ha dejado al descubierto la estrecha relación entre el sistema de justicia y los partidos políticos. Entre los 159 candidatos, dados a conocer anoche, que aspiran a ocupar apenas 14 magistraturas disponibles, sobresalen nombres como Martín Enrique Chuc Pereira y Friedman Jesús Peniche Rivero, funcionarios con largas trayectorias en gobiernos del PRI que ahora sirven bajo la administración de Morena, evidenciando una continuidad de élites burocráticas a pesar de los cambios partidistas en el poder.
Magistraturas en disputa Yucatán
Las magistraturas en disputa se dividen en nueve posiciones para el Tribunal Superior de Justicia y cinco para el Tribunal de Disciplina Judicial. El Comité Estatal de Evaluación publicó anoche la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos constitucionales, iniciando una fase de depuración que concluirá el 26 de marzo, seguida por una insaculación para definir tres candidatos por cada magistratura vacante.
En el grupo de aspirantes figura un caso particularmente polémico: Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, actual magistrado que busca reelegirse a pesar de enfrentar una fuerte oposición de más de 20 colectivos, agrupaciones y sindicatos. Estos grupos exigen al Congreso del Estado que rechace su candidatura debido a «antecedentes públicos de violencia de género y laboral». Organizaciones como UADY sin Acoso, representada por Rosa Cruz Pech, han argumentado que, durante su gestión como Juez de Control, Mendoza Casanova emitió resoluciones contrarias a la protección de la niñez.
Del total de aspirantes, también se encuentran figuras que actualmente ocupan posiciones judiciales y buscan mantener su influencia. Seis magistrados en funciones—Sary Eugenia Ávila Novelo, Graciela Torres Garma, José Pablo Abreu Sacramento, Mario Israel Correa Ríos, Luis Mendoza Casanova y Adolfo González Martínez—compiten por conservar sus cargos. A ellos se suman dos consejeros actuales del Consejo de la Judicatura: Níger Desiderio Pool Cab y Claudia Pedrero Irabien, completando el panorama de funcionarios judiciales que aspiran a perpetuarse en el sistema.
Aspirantes buscan regresar magistratura
Entre los primeros candidatos que formalizaron su inscripción destaca Suemy del Rosario Lizama Sánchez, quien actualmente se desempeña como jueza de control del juzgado tercero del primer distrito con sede en Progreso. También figura Fernando Eduardo Alpuche Ojeda, abogado con 34 años de experiencia en el ámbito privado y público, habiendo trabajado en el Ayuntamiento de Kanasín, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Tribunal Electoral del Estado. La tercera inscrita fue Judith B. Kuyoc Caballero, funcionaria que ocupa actualmente el cargo de técnica judicial.
Algunos aspirantes cuentan con experiencia judicial previa de alto nivel, como Santiago Altamirano Escalante, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado que no solo busca regresar al poder judicial estatal, sino que también aspira a un cargo de mayor jerarquía como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En situación similar se encuentra Luis Felipe Esperón Villanueva, ex magistrado del Poder Judicial local que ahora busca convertirse en magistrado del Décimo Cuarto Circuito.
Criterios para evaluar candidatos
El proceso de evaluación de los candidatos estará basado en criterios específicos establecidos en la convocatoria: experiencia jurídica (hasta 40 puntos), nivel académico (hasta 40 puntos), y docencia e investigación jurídica (hasta 20 puntos). Los requisitos incluyen nacionalidad mexicana, título en derecho, experiencia profesional, buena reputación, y la presentación de diversos documentos como identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, título profesional y cédula en Derecho con promedio mínimo de 8 y de 9 en materias relacionadas, cartas de referencia, un ensayo justificando la postulación, constancia de antecedentes no penales y de no ser deudor alimentario moroso.
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Este proceso electoral judicial en Yucatán coincide con un contexto nacional igualmente controversial. A nivel federal, la organización Defensorxs, presidida por Miguel Alfonso Meza, ha denunciado ante el Instituto Nacional Electoral a siete personas candidatas al Poder Judicial de la Federación por presuntos vínculos con el crimen organizado o por denuncias de violencia de género y acoso, solicitando que se retiren estas candidaturas antes de que aparezcan en las boletas electorales.
La ciudadanía yucateca tendrá la oportunidad histórica de elegir a sus juzgadores mediante voto libre y secreto el 1 de junio, tras una campaña electoral que iniciará el 29 de abril y concluirá el 28 de mayo. Sin embargo, la transparencia en los antecedentes de los aspirantes y el escrutinio público de sus perfiles serán importantes para que los votantes puedan tomar decisiones informadas, especialmente considerando los evidentes vínculos político-partidistas y las controversias personales que rodean a varios candidatos, planteando serios cuestionamientos sobre la verdadera independencia del poder judicial que se configurará tras esta elección.
ACOM
