El nombramiento de Luis Armando Mendoza Casanova como juez de control penal generó inconformidad entre representantes sindicales y políticos en Yucatán.
La secretaria general del Sindicato Progresista, Luisa Inés Martín Puc, señaló que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Carolina Silvestre Canto Valdés, avaló este proceso sin respetar los ordenamientos legales.
Martín Puc recordó que Mendoza Casanova presentó en diciembre de 2023 su renuncia como consejero de la Judicatura para convertirse en magistrado. Por esa razón, ya no cumple con los requisitos de la carrera judicial establecidos en los artículos 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La dirigente cuestionó que el nombramiento se realizara sin convocatoria pública. Subrayó que no existe fundamento legal para otorgarle la posición y que será hasta 2027 cuando se desarrolle el proceso electoral correspondiente para designar jueces.
El Consejo de la Judicatura, integrado por Carolina Canto, Álvaro Juanes Laviada y Claudia Ileana Pedrero Irabién, avaló el regreso de Mendoza Casanova al cargo de juez de control.
Por su parte, el dirigente estatal del PAN, Álvaro Cetina Puerto, recordó que la fracción parlamentaria de su partido rechazó en el pasado la candidatura de Mendoza Casanova por incumplir con la Ley 3 de 3 contra la violencia de género.
Cetina precisó que, pese a los vínculos señalados con el exgobernador Mauricio Vila Dosal, el Congreso actuó con independencia y descartó al magistrado de la elección judicial. El legislador afirmó que corresponde al Consejo de la Judicatura explicar el nombramiento y atender la inconformidad ciudadana.
Leer también: Improcedentes acciones legales contra magistraturas de Vila
Mendoza Casanova ha enfrentado denuncias por violencia de género. En su etapa como juez, además, resolvió casos controvertidos que motivaron cuestionamientos públicos sobre su idoneidad.
Redacción ACOM
